La idea de golpear al adversario con o sin razón es una de las reglas de oro de las campañas electorales en Estados Unidos y, como es natural y tradicional, los mexicanos tenemos que imitarla puesto que todo ha de ser como en Estados Unidos. Decir que López Obrador propone la lucha armada no sólo es una infamia de parte de la señora Vázquez Mota. También es un infundio gravísimo, proferido a sabiendas de que no es ni puede ser cierto. Pero así es la “táctica” de sus asesores “expertos” en competencias electorales, como un español de apellido Solá (Antonio) y un gringo, Dick Morris, que se ufana de haber ayudado a ganar a Bill Clinton y de haber escrito El nuevo Príncipe, donde trata de explicar todas sus marrullerías, colgándose de manera vicaria del clásico florentino.
Este vendedor de aire, que los panistas con dinero del erario han comprado a varios miles de dólares al día (Calderón lo contrató en 2006 para la guerra sucia desde su “cuarto de guerra”) presume también de haber sido “jefe estratega” de Vicente Fox en el año 2000.
Más inocente y menos maligno sería acusarla a ella (según la lógica insultante de Solá y Morris y ahora de una tal Zavala hermano de la first lady) de que ni con cirugía plástica ni con atuendos de jovencita que no quiere parecer mexicana ha podido levantar cabeza en su campaña y de que, aparte, ha logrado lo que ninguna dama de la política o la farándula: hacer que su peinado natural parezca peluca.
En un terreno cada vez más alejado de la cultura gráfica el golpeteo despiadado y soez puede tener sus efectos. El 80 por ciento de los mexicanos se entera de las noticias a través de la televisión y sólo el 7 en la radio. Quienes leen periódicos no pasan del 6 por ciento y los que se comunican a través de las redes civiles no exceden el 2 por ciento. Esa es la composición de poder electoral en lo que hasta ahora constituye la sociedad mexicana y que, por se heterogeneidad, no es como la alemana o la norteamericana. Y a esa masa inocente y desinformada apuesta el candidato de Televisa. No es malo el cálculo ni hace falta ser un estratega como Bernardo Gómez (el Clausewics de Emilio Azcárraga), ni un soldado de Televisa (como cualquiera de nuestros locutores) para haber visto, desde hace cinco años, que la cena estaba servida.
No pocas naciones prohíben la propaganda pagada por televisión. La autoridad asigna tiempo a cada partido y da lineamientos al formato de los anuncios televisivos de campaña, en Francia por ejemplo, y a nadie se le ocurre que se atenta contra la libertad de expresión.
El problema de este tipo de propaganda vil (como la del Complejo Coordinador Empresarial en 2006) es que mientras se establece si calumnia o no calumnia ya las elecciones pasaron. Los afectados pueden acudir a los tribunales, pero la respuesta suele darse demasiado tarde.
La libertad de injuriar, difamar y calumniar no puede asimilarse a la tan invocada libertad de expresión. La injusticia de mantener este principio, sin reglamentaciones y límites, puede ilustrase con el caso de un narcotraficante que por venganza o resentimiento decide calumniar en la tele a un candidato causándole un daño desproporcionado, abusivo e irreparable. Y palo dado ni Dios lo quita antes de las elecciones.
El narcotraficante puede entonces convertirse en el árbitro del proceso electoral si el Tribunal Electoral no se lo impide.
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